Ebola

Muertos por ébola superan los 1.200 en el oeste de África: OMS

GINEBRA (Reuters) – Los casos por el brote de ébola en el oeste de África este año han subido a 2.240, incluyendo 1.229 muertes, dijo el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), reportando las cifras de cuatro países, entre ellos Nigeria.

La OMS dijo que está trabajando conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas para asegurar el envío de comida a un millón de personas que viven en zonas de cuarentena en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

“Se han llevado alimentos a los pacientes hospitalizados y a las personas en cuarentena que no pueden dejar sus casas para comprar comida. Proporcionar el suministro regular de alimentos es un medio potente de limitar movimientos innecesarios”, dijo la OMS en un comunicado.

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Foto de archivo no corresponde a la información

El PMA va a reforzar los envíos de urgencia a las zonas en cuarentena, entre las que hay varias ciudades muy afectadas, como Gueckedou en Guinea, Kenema y Kailahun en Sierra Leona y Foya en Liberia.

Aunque Nigeria, el país más poblado de África y el primer productor de petróleo del continente, parece estar conteniendo el brote, Liberia y Sierra Leona están teniendo problemas para frenar la expansión del virus mortal entre sus habitantes.

El viernes, estos dos pequeños países del oeste de África y una ONG médica criticaron a la OMS por la lentitud de su respuesta, y dijeron que hace falta una mayor intervención para las víctimas amenazadas por el hambre y la enfermedad.

(Información de Stephanie Nebehay. Traducido por la Redacción de Madrid; editado por Carlos Aliaga vía Mesa Santiago)

LA OPOSICIÓN BUSCA DEROGARLA

 

Ley antiterrorista: El Gobierno, inquieto, se echó atrás con Donnelly antes de la cita en Diputados

Cuando la oposición se disponía a avanzar en su intento por derogar, en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, la ley antiterrorista por la que el Gobierno buscaba sancionar a la empresa Donnelley, de capital norteamericano, que se declaró en quiebra y despidió a 400 trabajadores, tal como lo anunció Cristina Fernández, Alejandro Vanoli salió a negarlo todo: “hubo una confusión”, dijo para aclarar que no aplicarán la ley a la empresa.

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La llamada “ley de abastecimiento”, sumado al nuevo proyecto de ley de hidrocarburos y la aplicación, por primera vez, de la ley antiterrorista para castigar la quiebra de una empresa, la imprenta Donnelley, no solo pusieron en estado de alerta máxima a la oposición, sino que además encendieron luces amarillas en el tablero del oficialismo, inquieto por primera vez por su tambaleante mayoría legislativa.

Será por eso que esta mañana, el Gobierno anunció vía Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, que “hubo una confusión”, para aclarar que no aplicarán la ley antiterrorista a la mencionada imprenta.
Aunque, cabe recordar que, el anuncio lo había hecho la propia Cristina Fernández en pleno acto. La mandataria informó que se presentaría una denuncia por “alteración al orden económico y financiero” contra la multinacional de la industria gráfica.
“Estamos ante un verdadero caso de un manejo fraudulento e intento de atemorizar a la población”, dijo Cristina, en un acto donde vinculó a la empresa con una “mafia internacional” encabezada por los holdouts que ganaron el “juicio del siglo” contra la Argentina, y por el cual el país está obligado a pagar US$1.600 millones en concepto de bonos de deuda.
Según la máxima autoridad del mercado bursátil, la denuncia que instrumentará la AFIP es por “quiebra fraudulenta”, y que, de determinarse esa irregularidad, ello podría derivar en la aplicación de “la ley de delitos económicos”, una norma que penaliza la actividad económica y financiera.
“No tiene nada que ver con ley de financiamiento del terrorismo”, aclaró Vanoli en diálogo con radio ‘Del Plata’.
Como sea, la presidenta de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión PRO) plantó la cita para las 15:00 con el objetivo de discutir la “derogación de la Ley 26.734, modificación al Código Penal sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista”.
“Cuando comience el debate, confío en que el oficialismo se sumará. Si no, a la media hora podemos comenzar con quórum de un tercio de los integrantes. Como ya discutimos el tema en otra reunión de comisión, vamos a sacar dictamen”, dijo Patricia Bullrich.
El cuerpo, si bien es presidido por la oposición, tiene mayoría oficialista. No obstante, la jefa de la comisión hará el intento.
“Es una ley abusiva y discrecional, una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas (como el caso de Pablo Suárez, de Santiago del Estero) y ahora usada como pantalla para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país y querer endilgarlos a una empresa que, si cometió una quiebra fraudulenta, deberá ser condenada por ello en el marco de la ley vigente”, dijo.
La legisladora consideró que la denominada ley antiterrorista es “usada como pantalla” por el gobierno nacional “para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país y querer endilgarlos a una empresa, que si cometió una quiebra fraudulenta deberá ser condenada por ello en el marco de la ley vigente”.
“El gobierno con esta ley ‘Crea Terroristas’, mientras siguen impunes los actos terroristas acaecidos en nuestro país como el atentado de la AMIA , encubierto tras el memorándum de entendimiento con Irán”, opinó.
En ese contexto, Bullrich señaló que como titular de la Comisión de Legislación Penal de Diputados “tomé contacto con todos los bloques opositores y mañana (por hoy) estaremos presentes para dictaminar contra esta norma que desvirtúa al derecho penal para construir una herramienta represiva”.
Además de Bullrich, los integrantes de la Comisión, miembros de la oposición son: Margarita Stolbizer, Victoria Donda (FAUNEN); Luis Petri, Oscar Aguad, Manuel Garrido, María Gabriela Burgos, María Soledad Carrizo (UCR); Pablo Javkin (CC ARI); Ivana Bianchi (Compromiso Federal); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda); Eduardo Cáceres (Unión Pro); Oscar Martínez, Gilberto Alegre (Frente Renovador).
Hasta ahora, Bullrich cuenta con el apoyo de la UCR, del Partido Socialista, Pro, la Coalición Cívica y Libres del Sur. Sin embargo, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, no cree que la derogación sea la mejor alternativa.
“En lo que hay que trabajar es en ‘cerrar’ el tipo penal incluido en la ley, que es demasiado amplio y por eso se permiten estas arbitrariedades”, enfatizó Graciela Camaño (Frente Renovador). En ese espacio, al igual que en círculos judiciales y empresarios, se teme que la derogación perjudique al país en momentos en que está por arribar una nueva misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recientemente sacó a la Argentina de la “lista gris” de países “en capilla” tras la sanción de la norma hoy cuestionada.
Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador, fue más duro en el diario ‘BAE’:
“La aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso de la empresa Donnelley confirmó nuestras preocupaciones sobre el uso de una norma que ya había sido fuertemente cuestionada por los organismos de derechos humanos y distintos sectores políticos.
La Ley Antiterrorista se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, que en algunos casos como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional para un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la justicia civil comercial y eventualmente en las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo. La falta de claridad de la norma, que establece el aumento de las penas de todos los delitos que fueran cometidos con la “finalidad de aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, permite un uso arbitrario e impredecible del poder punitivo del Estado.
En tal sentido, el uso arbitrario de la Ley Antiterrorista no nos sorprende. Lo que ha hecho el gobierno es una pésima aplicación de una pésima ley. Más que analizar la razonabilidad de su aplicación, deberíamos estar discutiendo su derogación.
La vaguedad del lenguaje utilizado ha demostrado ser una amenaza para la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. La norma utiliza un lenguaje excesivamente abstracto que no se condice con los requisitos de precisión propios de un tipo penal y así incumple los estándares en materia penal exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por su parte, Ivana Bianchi (Compromiso Federal), también miembro de la comisión, indicó al diario ‘La Nación’ que recién hoy definirá su postura tras el debate en la comisión.
Manuel Garrido, de la UCR, diputado y ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, advirtió contra “la vaguedad de su formulación y el peligro que representaba una norma tan imprecisa, que otorga la posibilidad de aumentar arbitrariamente todas las penas al doble. La excusa de cumplir con normas internacionales de lucha contra el lavado de dinero no justifica su redacción desmesurada, impropia de un país respetuoso de los derechos humanos.”
En el diario ‘BAE’ también, escribió:
“Ahora la Presidenta exhibe este instrumento como amenaza frente a las consecuencias de sus propias decisiones económicas, como si el temor a la ley penal sirviera para conjurarlas.
Además, su invocación y la de los supuestos delitos contra el orden económico y social, en lugar del tipo de quiebra fraudulenta al que corresponden los hechos que por los que se acusa a Donnelly, persiguen que intervenga el fuero federal, sospechado por la influencia que allí ejerce habitualmente el poder político.
Unidades especiales del Ministerio Público, habitualmente en sintonía con el Poder Ejecutivo, mantendrán seguramente activa esta causa con el mismo afán disciplinador.
La utilización de la Ley Antiterrorista como arma contra empresas transnacionales en el marco de una supuesta batalla contra los fondos buitres, seguramente no ha de conmover a los bienpensantes que cuestionan la aplicación usual e impiadosa del derecho penal contra los sectores sociales más pobres y desaventajados.
Sin embargo, no deja de constituir una arbitrariedad que podría ser dirigida contra cualquiera, según el talante del gobernante de turno.”
Más allá de esta batalla en particular, cierto es que se anticipa un segundo semestre intenso en la agenda parlamentaria, que estará teñido de iniciativas que auguran una mayor intervención del Gobierno y del Estado en la economía. En efecto, también está en gateras una nueva ley de regulación de la producción y comercialización de los medicamentos, que traerá cola. Fuente: Urgente24

Política

El Gobierno aclaró que no aplicará la ley antiterrorista a Donnelley

El titular de la CNV, Alejandro Vanoli precisó que “hubo una confusión” y que la denuncia es por “quiebra fraudulenta”. “No tiene nada que ver con ley de financiamiento del terrorismo“, afirmó. La propia Presidente había hecho el anuncio

Crédito: AP
“Una confusión”. Eso es que dijo el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, sobre la intención de Cristina Kirchner de aplicar la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley, que la semana pasada cerró y dejó en la calle a 400 empleados.
La máxima autoridad del mercado bursátil aclaró la denuncia que instrumentará la AFIP -que investiga el juez Daniel Rafecas- es por “quiebra fraudulenta”, y que, en caso de confirmarse esa ilegalidad, ello podría derivar en la aplicación de “la ley de delitos económicos”, otra norma que penaliza la actividad económica y financiera ilegítima de las empresas.
Vanoli indicó que esa ley se aprobó en el Congreso el mismo día de la polémica norma sancionada por recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que obtuvo duras críticas tanto del arco opositor como de las filas del propio oficialismo. De ahí derivó la “confusión”. “No tiene nada que ver con ley de financiamiento del terrorismo“, aclaró en diálogo con Mañana Silvestre, por radio Del Plata.
La precisión del titular de la CNV surge luego de que la Presidente anunció el miércoles pasado de que ejecutaría “por primera vez” la Ley Antiterrorista para el caso de la fábrica Donnelley, ubicada en la localidad bonaerense de Garín. La mandataria informó que se presentaría una denuncia por “alteración al orden económico y financiero” contra la multinacional de la industria gráfica.
Estamos ante un verdadero caso de un manejo fraudulento e intento de atemorizar a la población“, dijo Cristina Kirchner, en un acto donde vinculó a la empresa con una “mafia internacional” encabezada por los holdouts que ganaron el “juicio del siglo” contra la Argentina, y por el cual el país está obligado a pagar u$s1.600 millones en concepto de bonos de deuda.
Cristina ley antiterrorista-Video y audio en la nota original
Además, Vanoli ratificó el mensaje presidencial al señalar que habrá también una demanda contra Donnelley, cuya casa matriz tiene domicilio en Dellaware, Estados Unidos, en la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo de control bursátil estadounidense.
“Es absolutamente imprescindible y es nuestro deber como lealtad con un organismo par como es la SEC dar información. Es necesario que los inversores tengan toda la información sobre lo que ocurre en la filial argentina”.
“La SEC actuó severísimamente en el caso Enron, incluso a nivel penal con prisión a los ejecutivos, (esperamos que) actúe en el ámbito de su competencia para evitar que estas situaciones no se repitan”, concluyó Vanoli. Fuente: Infobae
Alejandro-Vanoli

Tragedia

Familiares del papa Francisco se accidentaron en la autopista Córdoba-Rosario: 3 muertos

La familia del sobrino del Pontífice, Emanuel Bergoglio, chocó con un camión a la altura de James Craik, informó la agencia de noticias DyN. Fue trasladado con heridas graves. Su mujer y sus dos hijos fallecieron

Tres personas fallecieron y una fue trasladada en grave estado como consecuencia de un accidente que se produjo esta madrugada en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad de James Craik.

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Valeria Carmona (36 años), José Bergoglio (8 meses) y Antonio Bergoglio (2 años). El padre de la familia y sobrino del papa Francisco, Emanuel Horacio Bergoglio (35 años), fue trasladado con heridas graves, según reportó la agencia de noticias DyN.

Sergio Arroyo, auditor del Hospital Pasteur, informó que Emanuel Bergoglio ingresó con politraumatismos varios y lesiones hepáticas, lo que obligó a intervenirlo quirúrgicamente. Ahora evoluciona con asistencia respiratoria, pero el cuadro es muy grave.

De acuerdo a los primeros testimonios, un Chevrolet Spin en el que viajaba la familia oriunda de Buenos Aires colisionó con un camión que trasladaba maíz y circulaba en el mismo sentido. El vehículo de menor porte quedó incrustado debajo del acoplado y tres de sus cuatro ocupantes fallecieron en el acto. El padre de la familia fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur de Villa María. Y el camionero, oriundo de Marcos Juárez, resulto ileso.

Jorge Ranieri, comisario de la policía Caminera, aseguró en declaraciones al canal Todo Noticias que la persona herida tiene “cierto grado de parentesco” con el papa Francisco. “Fue un choque por alcance. El camión tenía las luces reglamentarias y circulaba correctamente”, explicó Ranieri.

Guillermo Ponce de León, jefe de Bomberos, informó que el accidente se produjo en el sentido hacia Rosario. “Ahora se esperan las pericias, pero lo que se observa es lo clásico: hay una diferencia de velocidad entre el vehículo de gran porte con el automóvil y el punto de impacto está a no muchos metros de un puente, donde aparentemente había ingresado el camión”, analizó. Fuente: Infobae