Menores argentinos pobres

El 38,8% de los menores argentinos son pobres

Esa cifra trepa al 42,6% en la populosa periferia de Buenos Aires, según un estudio de la privada Universidad Católica Argentina (UCA) divulgado este miércoles.

Chicos con problemas mayores

Chicos con problemas mayores

(Buenos Aires/AFP) Monte Carlo/ EL

Un 24,4% de la población de esa franja etaria tiene sus necesidades básicas insatisfechas y la indigencia llega al 9%, de acuerdo al informe completado al 31 de diciembre de 2013, el cual muestra un leve aumento de la pobreza respecto del año anterior.

El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que compara los años del 2010 a 2013 incluido, indicó que “el saldo del período es positivo pero la tendencia es negativa si se observa que la pobreza sigue una evolución en alza”.

Según el último censo de 2010, en Argentina, hay unos 12,3 millones de menores de 18 años, de los cuales 6,2 millones habitan en la periferia de la capital argentina.

En 2010 los menores pobres alcanzaban 41,9%, en 2011 bajaron a 34,7% -el mejor año-, pero luego la curva fue en alza a 37,2% en 2012 y finalmente a 38,8% el año pasado, de acuerdo al informe.

Los datos fueron rechazados este miércoles por el gobierno de Cristina Kirchner, cuyos últimos índices publicados corresponden al primer semestre de 2013 y ubicaban la pobreza en 4,7% de la población total y la indigencia en 1,5%, sin discriminar por edad.

El gobierno suspendió a finales de abril último la difusión de datos oficiales sobre la pobreza alegando “severas carencias metodológicas”, lo que fue denunciado por la oposición como artilugio para esconder cifras negativas.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que “medir la pobreza todos los días, un pobre más, un pobre menos, no es metodológicamente muy serio”.

“Los ingresos son estacionales, son anuales, y hay mucha discusión sobre cómo se mide”, dijo consultado por radio América.

Argentina modificó a partir de enero último el sistema de medición del Instituto Nacional de Estadísticias y Censos (INDEC) a instancias del Fondo Monetario Internaciona (FMI), luego de un largo período en que las estadísticas estuvieron bajo sospecha de manipulación.

“Los indicadores no se deben publicar hasta alcanzar un refinamimiento de datos que aún no se ha alcanzado para el caso de la determinación de la pobreza”, explicó en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Economía

El Gobierno insiste con que la pobreza está disminuyendo

La cuestión social Capitanich dijo que se hizo “un gran aporte” y Kicillof defendió la falta de cifras oficiales.

Equipo. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salieron ayer cada uno por su lado a decir que la pobreza no está creciendo por la crisis. /MARCELO CARROL-ARCHIVO

 Equipo. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salieron ayer cada uno por su lado a decir que la pobreza no está creciendo por la crisis. /MARCELO CARROL-ARCHIVO

A través de diferentes voceros, el Gobierno nacional salió a negar ayer que la crisis económica de los últimos meses haya acelerado el incremento de la pobreza.

En el discurso que pronuncia por las mañanas en la Casa Rosada para contestar las publicaciones de los diarios, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a decir que un informe de ONU sostuvo que “la República Argentina a partir de las políticas de inclusión ha logrado la erradicación del hambre y las personas en condiciones de indigencia”.

Capitanich contestó de ese modo la publicación de datos de la encuesta del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA que indican que el 42,6% de los niños y adolescentes del conurbano bonaerense están en la pobreza y el 9,4% en la indigencia, según publicó ayer La Nación.

Ese trabajo muestra además que en los últimos dos años, producto de la recesión y la inflación, se agravó la situación de la pobreza entre los menores de edad.

Para Capitanich, a partir de las políticas de “inclusión social” y “la inversión del Gobierno en materia estructural” se hizo “un gran aporte a la reducción de la pobreza”. El funcionario cuestionó la medición que realiza la UCA y calificó al informe como parte del “arco opositor”.

Sin embargo, el jefe de Gabinete reconoció “que obviamente faltan muchas cuestiones por hacer, viviendas por construir, hermanos nuestros que necesitan gas, agua potable, redes cloacales en muchos lugares del país, pavimento urbano, mejorar los niveles de empleabilidad y mejoramiento en condiciones salariales”.

Capitanich no fue el único que se refirió al tema. Axel Kicillof habló por Radio America y buscó justificar la falta de estadísticas oficiales sobre la pobreza. Desde mediados de 2013, el INDEC dejó de difundir la serie de datos que indicaban los niveles de pobreza e indigencia en el país, una información que el Gobierno había comenzado a adulterar desde que intervino el organismo por impulso del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Kicillof argumentó que no se publican los datos porque aún no tienen la metodología lista, a pesar de que pasó más de un año desde la interrupción de la serie y de que ese cambio fue largamente programado. “Acá, desde los ‘90 se empezó a medir la pobreza con un indicador que era medir la canasta de bienes y decir: si uno no accede a tres latas de arvejas –es para que entienda todo el mundo; después me van a tomar los diarios diciendo “Kicillof dijo que el que no tiene arvejas es pobre”– es pobre”, aseguró. “Esa canasta de bienes que incluyen elementos de alimentación, de vestimenta, etcétera.

El que no accede a ésta canasta es pobre; una cosa bastante arbitraria. Después se empezó a actualizar esa canasta usando un índice de precios y ¿cómo se sabe si la gente llega o no llega a la canasta?”, se preguntó el ministro.

Si yo me cruzo con una persona es difícil decir si es pobre o no, cuántos pobres hay ¿no?

En realidad hay un montón de parámetros para medir”, completó. Fuente: Clarín

La crisis económica / Nueva audiencia en Nueva York

Revés de los fondos buitre: rechazó Griesa un pedido de informes al Citi

Política

El juez no aceptó el requerimiento que había hecho NML para conocer la relación del banco con el gobierno argentino; el caso será tratado la semana próxima por la Cámara de Apelaciones de Nueva York

NUEVA YORK.- Los fondos buitre sufrieron ayer otro revés en el tribunal del juez Thomas Griesa, que les negó un pedido para acceder a información sobre los intercambios entre el Gobierno y Citibank Argentina.

NML, el fondo de Paul Singer que lidera la ofensiva judicial contra el país, buscaba pruebas de que el Gobierno había presionado a la filial del banco norteamericano para forzarlo a concretar los pagos de los bonos en dólares regidos por la ley argentina, que están en el limbo, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Nueva York decida si quedan fuera del mandato judicial de Griesa que llevó al país a un nuevo default. Esa decisión llegaría antes del próximo vencimiento de la deuda, el 30 de este mes.

Griesa rechazó el pedido. Fue la segunda negativa del juez a los demandantes en las últimas semanas. A fines de agosto, NML había intentado convencerlo de que declarara al país en desacato, y Griesa, que aún aspira a que un acuerdo ponga fin al litigio entre el país y los fondos buitre, se había negado a hacerlo.

En la audiencia de ayer, el tema fue el vínculo entre Citibank y la Argentina, y el pago de los bonos en dólares que operan bajo legislación local. El Citi había dicho que podía perder su licencia para operar en el país si no concretaba las transferencia de fondos a los bonistas. El Gobierno le había enviado una carta al banco para intimarlo a que lo hiciera. NML presentó un pedido de discovery: quería más información para probar que había “una campaña” para eludir las órdenes de Griesa. “Si ése es el caso, necesitamos saber”, dijo Kevin Reid, el abogado que lideró la presentación de los holdouts ante Griesa.

Reid sugirió que si el Gobierno había presionado al Citi para que eludiera las órdenes del juez, bien podría hacerlo con otros agentes de pago, y que si se permitía que eso sucediera, sería “la primera rajadura en el dique”.

NML ha intentado por todos los medios evitar que los bonos en dólares regidos por la ley argentina queden fuera del mandato judicial de Griesa, que obliga al país a cancelar la sentencia a favor del fondo para poder pagarles a los bonistas que participaron de los canjes de 2005 y 2010.

Ayer, Griesa matizó de manera sutil su decisión original de colocar esos bonos dentro de su mandato judicial, al afirmar que eran diferentes al resto de los bonos contemplados por su fallo de 2012, porque estaban emitidos bajo legislación argentina. La palabra final la tendrá la Corte de Apelaciones, que sesionará el próximo 18.

“Obviamente, existen problemas entre la Argentina y Citibank en relación con esos bonos. No sé cuánto tiempo durarán esos temas y no sé cómo Citibank está lidiando con la República Argentina”, dijo Griesa. “Esperaría que este tema sobre los bonos argentinos no durara para siempre”, agregó.

Karen Wagner, abogada de Citibank, argumentó justamente que el pedido de NML no tenía sentido porque si la Corte de Apelaciones daba la razón al banco y a la Argentina y liberaba los pagos de los bonos argentinos, era irrelevante. Wagner no negó problemas. Dijo que existían “temas específicos, únicos” en la relación, pero pidió esperar la decisión del tribunal superior. NML quería más información para utilizarla en la apelación, sugirió.

Griesa sostuvo que no veía pruebas de coerción y se mostró reacio a sumar más elementos a una causa que ya ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas.

“Su Señoría, no estamos buscando acosar a Citibank”, dijo Reid, en un último intento por convencerlo. “Creemos, quizás ingenuamente, que lo estamos ayudando”, agregó. “No lo veo”, le respondió Griesa. “No veo la clase de amenaza de larga escala de la que creo que usted está hablando”, completó el juez.

La audiencia, que se extendió por menos de una hora, fue menos intensa que las anteriores a tal punto que Edward Friedman, abogado de Aurelius, cerró los ojos durante un instante y pareció dormirse. Griesa dijo que no negaba que hubiera conductas, comunicaciones o advertencias del Gobierno para que el Citi incumpliera las órdenes de la justicia, pero creía que lo mejor era “no tomar acción” mientras había una apelación en curso, y se reservó la decisión. Ahora, resta esperar a la Corte de Apelaciones. Por Rafael Mathus Ruiz  | Para LA NACION

Día de la industria

Cristina cuestionó a los empresarios y exigió no trabar la venta de autos

Política

La celebración del Día de la Industria en Tecnópolis tuvo grandes ausentes y tibios aplausos de los empresarios. La presidenta Cristina Kirchner se dio el gusto de hablar ante 2500 industriales durante 59 minutos para relatar lo que considera son las maravillas del modelo, la reindustrialización, y atacar otra vez a las terminales automotrices al exigirles que “vendan autos a los que les quieren comprar” y que “no boicoteen” el plan ProCreAuto prorrogado horas antes.

Según aseguró a voz en cuello durante la demorada comida anual, las penurias que sufre el sector industrial se reducen al pésimo contexto internacional. Se lamentó profundamente de la recesión en Brasil y de la mezquindad de las casas matrices del sector automotriz.

“Quieren vender autos en la Argentina porque en sus países no pueden porque están en recesión”, aseguró. Y se quejó de que no financian a sus filiales locales pese a que habían prometido hacerlo si la Argentina acordaba el pago de su deuda con el Club de París.

Le atribuyó las desgracias al contexto externo, sin hacer mención a los problemas económicos, como el crecimiento de la inflación, el retraso del tipo de cambio, el cepo cambiario o las trabas a las importaciones.

La última caída en default selectivo, en tanto, obedeció según Cristina Kirchner a que los países desarrollados no pueden tolerar la potencialidad de las riquezas de la Argentina, agrícolas, industriales y energéticas, y por ese motivo se valieron de un “juez municipal” para “hacer la reestructuración de 2005 y de 2010” de la deuda soberana.

Se refería así al juez federal de Nueva York Thomas Griesa, que dictó un fallo que obliga a pagarle 1600 millones de dolares a los fondos NML Capital y Aurelius.

Además, la Presidenta no mencionó la ley de abastecimiento que se aprobará en la Cámara de Diputados la semana próxima y que será impugnada en la Justicia por todas las cámaras empresariales por inconstitucional debido a que permitirá al Estado a intervenir en los costos, los márgenes de ganancias y los niveles de producción de las industrias.

En un tono enérgico, la jefa del Estado les reclamó a las automotrices: “Le pido a las autopartistas, por favor véndanles autos a los que quieren comprar”. Y reclamó una mayor integración de autopartes nacionales a la industria de “por lo menos un 40 a un 50 por ciento”.

“Las casas matrices de las terminales nos quieren trasladar la crisis a nosotros”, dijo Cristina Kirchner. Había logrado que el presidente de la UIA, Héctor Mendez, se sentara a la mesa principal, pero hubo grandes ausentes de la Unión Industrial (ver aparte).

En las horas previas, los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Industria, Débora Giorgi, habían acordado prorrogar el plan Pro.Cre.Auto por tres meses más.

La Presidenta dijo que “si no se boicotea el Pro.Cre.Auto, las ventas de autos serán similares a las de 2013”.Y agregó que “si se excluye al sector, hoy la industria estaría creciendo entre 1,2 y 1,5 por ciento”.

También culpó de la recesión a “la caída del sector industrial de Brasil del 3,6%”, y culpó a los empresarios de concentrar en Brasil en un 86% de sus exportaciones y los exhortó a “diversificar sus mercados”.

La mandataria rescató a Toyota, que invertirá 6000 millones de pesos, para fabricar la nueva Hilux. Entre los asistentes estuvieron Cristiano Rattazzi (FIAT), Gustavo Weiss (Construcción), Enrique Alemañy (Adefa), Ider Peretti (CGE) y Marcelo Fernández (CGERA).

Se lamentó de que “no está el señor Bagó” y se preguntó si “será porque no le quisimos dar el 10% de aumento” para los precios de los laboratorios. Y culpó al sector de “criticar la protección a otros” pero las reclaman en su en su favor y, dijo “después se quejan de la inflación”. Por Mariano Obarrio | LA NACION |