El 25 de noviembre fué declarado día Internacional contra la Violencia hacia la mujer

El 25 de noviembre fué declarado día Internacional contra la Violencia hacia la mujer en el Ier Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.

En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.

Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Maria Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.

Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipio. Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana históricamente estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia.

Más información sobre las hermanas Miraval en el artículo: 25 de noviembre, homenaje a las Hermanas Miraval por Ana Mariñez Álvarez

En 1999, la ONU dio caracter oficial a esta fecha

El Gobierno confirmó que denunciará al juez Bonadío

El magistrado que investiga a la empresa que controla los hoteles de la Presidenta en El Calafate es acusado de montar maniobras “políticas” y “extorsivas” y de tener vínculos con parte de la oposición. La “multa severa” a Hotesur será de $ 3.000.

El Gobierno reconoció ayer que la empresa Hotesur funciona sin cumplir con las leyes que regulan a las sociedades comerciales. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, admitió por primera vez que la compañía hotelera de la familia Kirchner le debía a la Inspección General de Justicia (IGJ) la presentación de sus balances correspondientes a los últimos tres años. Y anunció que por ese motivo el Estado le impondrá una “multa severa”: la sanción será de tres mil pesos.

El funcionario tomó casi de modo literal las palabras que el domingo había utilizado la propia Hotesur para intentar deslindar sus responsabilidades: la firma había dicho en un comunicado que la documentación básica que le debe a la IGJ es solamente un “incumplimiento que podría llegar como máximo a una multa de hasta pesos tres mil”.

Los jefes de Hotesur y de Álvarez son los mismos: los Kirchner.

El secretario de Justicia explicó así la nueva posición que tomará el Gobierno: “Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP. Habrá sido el error de un contador, no vas a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP”, dijo en declaraciones a la radio Vorterix. Y agregó: “Le vamos a aplicar una multa a Hotesur y será la más severa. La multa es de 3 mil pesos, pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así”.

Con el novedoso anuncio de la sanción, la Casa Rosada abre nuevos caminos de investigación.

El periodismo había denunciado que el Gobierno sabía que Hotesur incumplía con la presentación de su documentación comercial ante el Estado, y que era protegida por los funcionarios nacionales debido a que su dueña es la Presidenta.

A fines del 2013, la propia IGJ reconoció en un comunicado que había intimado a Hotesur para que presente los papeles que le adeudaba. Pero esa intimación nunca se pudo comunicar realmente a la firma porque fue enviada al domicilio que la empresa tenía registrado: Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco, unas oficinas en las que en realidad no había nada.

Casi un año después, cuando la Justicia investiga la cuestión, el Gobierno decidió actuar en el caso. ¿Por qué no lo hicieron antes?
Álvarez tampoco habló ayer sobre otras irregularidades de Hotesur: en el 2012 registró ante la IGJ un domicilio en el que en realidad no funciona; le adeuda al Estado la actualización de la renovación de sus autoridades; e incluso el propio hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, aparece en un acta trabajando en la dirección “fantasma”.

La IGJ depende del ministro de Justicia Julio Alak, y está bajo control político de su segundo, Álvarez. Desde el 2012, el organismo está manejado por militantes de La Cámpora. Su actual titular es Martín Cormick. Pero quien ejerce el verdadero poder es el subsecretario de Coordinación y Control Registral, Ernesto Kreplak.

Desde hace diez días, Hotesur está siendo investigada por el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. El Gobierno acusa a Bonadio de hacer “golpismo”, a pesar de que recién tomó pocas medidas de prueba: tres allanamientos y la declaración de una testigo.

La ex directora del registro de sociedades comerciales de la IGJ, Silvina Martínez, explicó que “el monto de la multa no se relaciona con la gravedad del tema: el máximo es de tres mil pesos porque el Gobierno nunca lo actualizó”.

Al contrario de lo que dio a entender Álvarez, el objetivo central de la investigación judicial no apunta al modo con el que Hotesur se manejó con la IGJ. Ocurre que la empresa es dueña del hotel Alto Calafate, un negocio que está sospechado de haber sido usado para lavar dinero por el el socio de los Kirchner, Lázaro Báez.

El juez Bonadío analizará la documentación de la firma para determinar si no se utilizó como pantalla para cometer delitos de corrupción. Fuente: Los Andes

 

Sergio Massa presentó su propio proyecto de reforma del Código Procesal

El líder del Frente Renovador y precandidato presidencial, dijo que la Argentina necesita construir más cárceles y cargó con dureza contra el garantismo judicial.

Manos. Massa dijo que no teme que su proyecto de reforma del Código Procesal Penal sea tildado de “derecha”. (A.Amaya)

“La Argentina necesita construir más cárceles”, dijo ayer Sergio Massa en un encuentro con la prensa organizado por el equipo del precandidato presidencial por el Frente Renovador. La propuesta del ahora diputado nacional, a través de su propio proyecto de reforma del Código Procesal Penal, tiende a eliminar de manera radical las excarcelaciones durante el desarrollo de los juicios penales. Sólo en los casos de delitos menores —con penas de hasta seis años de cárcel— podrían los imputados, procesados, transitar los juicios sin prisión. Y aun en esos casos, deberán cumplir determinadas acciones que determinaría juez. “No habrá más excarcelaciones para el caso de delitos medios o graves”, definió.

“Distinto es con justicia”, se lee como título de tapa en el libro de 128 páginas que contiene la propuesta del “Código Procesal Penal de la Nación” que presentó ayer el Frente Renovador. La iniciativa del massismo se diferencia en mucho del proyecto de reforma ( del Código Procesal Penal ) que ya tiene media sanción del Senado, y que seguramente será convertida en ley con el aliento del oficialismo en las próximas semanas en la Cámara de diputados.

“Van a decir ( por el oficialismo) que éste es el código de la derecha, de la mano dura, pero hemos tomado aspectos de distintas miradas, inclusive del oficialismo. Nuestro proyecto no es de mano dura, ni de mano blanda, es de mano justa”.

Entre los 400 artículos del proyecto massista luce con gran preponderancia la figura de la víctima. Que podrá intervenir en cualquier instancia del juicio; participar en allanamientos y recuperar objetos propios en el mismo momento. Siempre en el caso de prosperar, en una hipotética nueva relación de fuerzas en el Congreso de la Nación a partir de fines de 2015.

La iniciativa massista, por lo demás, otorga a la víctima el beneficio de recibir una pensión que deberá pagar el imputado ( en el caso de contar con los recursos) por los daños producidos a consecuencia del delito cometido.

Como núcleo ordenador y conceptual, Massa explicó que sectores de la sociedad Argentina “necesitan sentir el miedo de ir a la cárcel o permanecer perseguidos de por vida”. Presume que ése clima podría desalentar la comisión de delitos a aquellos que se sientan tentados a violentar la ley.

Con el debate que abre el massismo mediante la redacción de un nuevo Código Procesal Penal, el Frente Renovador (FR ) pretende intervenir en un tema caliente: la inseguridad. Todo apuntado a la campaña electoral de 2015, en los hechos ya lanzada. Con la actual correlación de fuerzas en el Congreso, la oposición no tiene chances de impedir que el oficialismo, y sus aliados, conviertan en ley la media sanción que ya se encuentra girada a Diputados.

Para Massa, el actual proyecto del oficialismo, que tiene altas probabilidades de convertir en ley es “como un auto sin motor, sólo la carrocería”. En cambio, “nosotros estamos presentando un proyecto completo, un auto de última generación, para que ande por la ruta”. Como crítica principal —en éste caso en coincidencia con el arco opositor en general—, el massismo cree que el kirchnerismo tiene como intención principal el nombramiento de unos 1.700 nuevos fiscales “amigos” en todo el país. Teniendo en cuenta que la reforma justamente sustituye a jueces por fiscales, que serán los encargados de llevar adelante la investigación. Y el juez reservándose para dictaminar.

Junto al diputado Massa se sentaron en la cabecera de la mesa, compartida con los cronistas, los también diputados Graciela Camaño y Darío Giustozzi, entre otros colaboradores. A su turno, la aguerrida Camaño confesó que “Sergio siempre nos dice que tenemos que sacar la discusión del Congreso, porque allí no hay debate, y no lo ve nadie”. Y luego, la esposa del sindicalista Luis Barrionuevo, explicó que la estrategia del FR será llevar los temas “a la sociedad”, a través de los medios de comunicación.

En la página 3 del libro que hoy presentará ante el público el diputado Massa en el teatro Astros de Buenos Aires, puede leerse a modo de prólogo firmado por el ex diputado cordobés Juan Carlos Vega: “Hoy en la Argentina la sociedad está divorciada de la Justicia, y el derecho de las academias está divorciado de la realidad”. Y luego prosigue: “no nos podemos engañar y quedarnos con bellos y nobles objetivos”. Se trata de la crítica principal del proyecto judicial de Massa: refutar el llamado “garantismo” que profesa una amplia corriente dentro del sistema judicial. Fuente: Por Rodolfo Montes / La Capital

  

La Sociedad Rural también quiere “sidra y pan dulce”

Una opinión sobre la sociedad rural

LA NOTA digital

“El campo no es una teta, dejen de ordeñarlo” es el lema de la Sociedad Rural de La Paz para la convocatoria del viernes 5 de diciembre en el predio que la Sociedad Rural tiene sobre Ruta Nacional Nº 12.

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Incidentes en Castelar: Denuncian abusos en un Jardín de Infantes

Padres del colegio Juan Bautista Alberdi, perteneciente a la Universidad Abierta Interamericana (UAI), protestaron en el establecimiento para exigir que el empleado, quien se desempeña como cocinero, sea separado. Durante el reclamo mantuvieron una fuerte discusión con autoridades de la escuela. La denuncia de cuatro casos fue presentada ante la Fiscalía 3 de Morón. Hasta el viernes último el cocinero continuaba trabajando, dijeron los denunciantes. Video. (Ver en la nota original)

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Un numeroso grupo de padres del colegio Juan Bautista Alberdi se reunieron en el establecimiento de Castelar para exigir que el empleado, quien se desempeña como cocinero, sea separado de la escuela. Los familiares aseguraron que al menos cuatro nenas fueron abusadas y acusaron a las autoridades de no haber actuado cuando se realizó la primer denuncia.

Según relataron, los padres presentaron cuatro denuncias a la Fiscalía 3, donde ahora deberá investigar el fiscal Pablo Galarza. Los denunciantes indicaron que las víctimas tienen entre 3 y 4 años. Afirmaron que el cocinero aprovechaba la ausencia de la maestra para “bajarle la bombacha” a algunas nenas, a las que “manoseaba” y “besaba en la boca”.

Por su parte, desde la escuela ubicada en el partido de Morón, la representante legal del colegio, Mónica Guarilla, admitió que “han fallado muchas cosas” en la escuela en torno al caso y expresó un “mea culpa”, a la vez que pidió a las posibles víctimas acercarse el martes próximo para entrevistarse con “un grupo de profesionales que va a atender a los chicos”.

Durante la protesta, un grupo de padres comenzó a insultar y a forcejear con autoridades del colegio, ya que que las acusaban de no haber actuado a tiempo, cuando la denuncia del primer caso de supuesto abuso fue expuesta en el colegio el pasado 20 de octubre. Los incidentes quedaron registrados por las cámaras de la señal de noticias Canal26.

Relevaron a siete comisarios bonaerenses tras denuncia de Lanata

El Ministerio de Seguridad que conduce Alejandro Granados pasó a disponibilidad a un jefe policial y pasó a disponibilidad a seis comisarios sospechados de incurrir en irregularidades administrativas en la utilización de patrulleros. Este domingo, el programa Periodismo Para Todos (PPT) presentó un informe revelando el arreglo que existe policías bonaerenses y empresas privadas, a las que se les alquilan móviles que se encuentran rotos para dejarlos en la entrada de los establecimientos como forma de prevención del delito.

autos policiales

La medida la adoptó el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia, Alejandro Granados, quien instruyó al superintendente general de la Policía, comisario general Hugo Matzkin, “que disponga el pase a situación de retiro del comisario General Carlos Greco a cargo de la zona conurbano oeste”.

Además, ordenó el relevo de sus funciones y pase a disposición de Personal del Jefe Departamental Moreno, comisario Mayor Fernando Cunial y del jefe departamental La Matanza, comisario Inspector Walter Golia.

La misma decisión tomó con los jefes distritales La Matanza Norte, comisario Inspector Gustavo Rubbo, del jefe distrital Moreno, Comisario Inspector Jorge Quintana, y de los titulares de la Comisaria segunda de la Matanza, comisario Fabio Reyes y de la primera de Moreno, comisario Raul Godoy.

Granados adoptó la medida tras “haberse tomado conocimiento de la posible existencia de distintas irregularidades administrativas vinculadas a la utilización de recursos logísticos tales como móviles policiales para tareas ajenas a las dispuestas operativamente“. Fuente: LaNoticia1.com

Por una interna peronista, la TV Pública no transmitirá Cosquín

El municipio aseguró que Nación quitó el apoyo luego de que fue destituido el ex intendente kirchnerista de la localidad. Habrá menos artistas de peso

Foto archivo: Cosquín, edición 2010.

Por primera vez en muchísimos años, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín no será televisado por la Televisión Pública. Desde el Ejecutivo nacional habrían tomado esa decisión por una razón de estricta puja política, ya que el nuevo jefe municipal del distrito está identificado con el gobernador opositor José Manuel de la Sota.

El secretario de Programación del Festival, Eduardo Mastel, señaló al diario Clarín que “como el intendente (Marcelo) Villanueva no está más y cambio el signo político en la Municipalidad, la Nación nos quitó su apoyo“.
El puntapié en la organización del nuevo festival comenzó el pasado 7 de septiembre, cuando a Villanueva lo destituyeron por una amplia mayoría en una consulta popular. El ex intendente era un delasotista que migró al kirchnerismo. En el último tramo de su gestión, contó con el apoyo del cacique del PJ de Cosquín, Rodolfo Milani, hermano del polémico jefe del Ejército, teniente general César Milani.
En su reemplazo, se erigió como intendenta de la emblemática ciudad cordobesa la delasotista Rosanna Adaglio, que responde al diputado nacional Carlos Caserio.
No será transmitido por la Televisión Pública. A ellos evidentemente no les interesa. No nos abren las puertas a ningún diálogo, así que la hemos descartado”, sostuvo Mastel sobre el contacto con el gobierno nacional en el diario La Voz.
Incluso, se intentó infructuosamente establecer un diálogo con la ministra de Cultura, Teresa Parodi, quien nunca respondió y devolvió los llamados. “Estuve tratando de comunicarme con ellos, pero no me dieron ninguna audiencia, ni un contacto directo con la ministro ni con la secretaria. Tampoco de la Jefatura de Gabinete. Hablan tanto del federalismo pero hacen cultura política y no cultura de estado”, afirmó el secretario de programación.
Además de la televisación, Cosquín enfrenta dos complicaciones en la realización del festival. Por un lado, la falta de un proyecto de Cultura de la Nación. Por el otro, las deudas, cuyo monto alcanza los $5,7 millones y de los cuales $2,5 millones pertenecen a la Jefatura de Gabinete y la cartera que conduce Parodi. Entre lo que no se pagó aparecen las funciones que varios artistas prestaron en 2014 , como Abel Pintos, circunstancia que complica las contrataciones de músicos de renombrre.
Hasta ahora confirmaron su presencia Antonio Tarragó Ross, que anunció que actuará gratis; el Chaqueño Palavecino que cobrará parte de la deuda de 2014 y Soledad Pastorutti. El que se bajó de manera definitiva por una “cuestión de agenda” fue el ex “nochero” Jorge Rojas. En tanto, todavía hay posibilidad de que Abel Pintos participe del evento, luego de que su represenante, Gustavo Taranto, reabriera las conversaciones con el municipio.
En lo que respecta a la transmisión, la intendenta Adaglio mantiene negociaciones para que la fiesta popular se podrá ver en “gran parte del país”. La opción más factible que se baraja es un acuerdo con el Grupo Clarín para emitir el festival por Canal 13 o la señal de cable Todo Noticias (TN).