El gobierno amenaza con aplicar el Código Penal a los docentes

El gobierno anunció que podría aplicar el Código Penal con los docentes de Agmer y Amet,  que ejercen el derecho fundamental a la protesta social, con las consecuencias que ello implica: básicamente, la puesta en marcha del aparto represivo del Estado para acallar voces de personas catalogadas como “molestas” para el poder político.

El gobierno amenaza con aplicar el Código Penal a los docentes. Foto: AIM

El gobierno amenaza con aplicar el Código Penal a los docentes. Foto: AIM

Aunque el gobierno insistió en que busca restablecer un ámbito de diálogo, y ratificó que participará de la audiencia de conciliación entre sindicatos y Consejo General de Educación (CGE) que fijó la jueza Gladys Pinto para el lunes, dirigentes de las Asociaciones Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) dijeron a AIM que “en lugar de preocuparse tanto por prohibir las manifestaciones sociales, (el gobierno) debería abocarse a tratar de resolver los problemas que en muchos casos las generan”.

Los argumentos del gobierno
En un comunicado enviado a esta Agencia, el gobierno aclaró que “no es la primera vez que ocurre, ya que en 2010 se inició un proceso penal. Al ser la segunda vez que el gremio (Agmer) incurre en desobediencia judicial; si este suceso se suma, las  consecuencias pueden ser muy graves, ya que el no acatamiento de una decisión judicial implica la aplicación de las previsiones que establece el Código Penal”. Amenaza, hecha y derecha.

Este viernes a última hora la justicia entrerriana había ordenado suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza (paro y movilización) anunciadas por  Agmer y Amet desde el lunes y hasta el viernes,  y fijó  una audiencia entre las partes para el lunes a la que el gobierno confirmó su asistencia.

En el texto que envió a los medios,  el gobierno argumentó su postura con las declaraciones de la jueza de Trabajo Gladys Pinto: “no significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias”.

“Entendemos que corresponde a las asociaciones gremiales y sindicales ajustar  el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad”, aclaró la jueza en la resolución.

Un poco de historia
El ahora juez Gamal Taleb, abogado penalista del foro de Diamante, escribió en 2012 una columna de opinión para AIM en la que señaló que el gobierno nacional, desde que Néstor Kirchner arribó al poder en mayo de 2003, tuvo una saludable ruptura con el discurso hegemónico precedente de la denominada “represión de la protesta social”: según el relato oficial, ésta era una política de seguridad que iba a ser desechada, proponiéndose en su lugar el diálogo y la contención mediante políticas sociales.

Taleb mencionó entonces que a pesar de la corrección valorativa de ese discurso, algunas voces disidentes señalaban que había una brecha entre lo que se decía y la práctica judicial de perseguir penalmente a representantes emblemáticos de la protesta social, a instancia del gobierno nacional, quien formulaba las denuncias e incluso, en algunas oportunidades, se constituía como parte querellante, vale decir se presentaba como un sujeto procesal interesado en que se aplique una pena a los acusados.

El abogado argumentó que “todo  eso generaba una valoración ambigua en quienes creemos en el carácter subsidiario del derecho penal (para decirlo en términos roxinianos el cometido del derecho penal es la ‘protección subsidiaria de bienes jurídicos’, Claus Roxin, Derecho Penal, T. I. p. 51), y, ya en el sistema político, nos identificamos con los valores de justicia social y vigencia efectiva de los derechos fundamentales”.

En tiempos más recientes, diversos acontecimientos lo llevaron  a mutar esa mirada ambigua por una valoración decididamente crítica de la actuación oficial en materia de protesta social: uno de ellos, que a los entrerrianos les toca muy de cerca, fue la denuncia a los asambleístas de Gualeguaychú, seguida de la constitución como querellante particular.

Otro fue la denuncia penal valiéndose de la Ley Antiterrorista (indefendible desde las posturas políticas y jurídico-penales mencionadas más arriba) a los manifestantes en contra de la minería a cielo abierto en Famatina;  finalmente, la denuncia penal a Hugo Moyano por la presunta comisión de los delitos tipificados en los artículos 149 bis, 149 ter y 194 del Código Penal, acompañada de un discurso que atrasa décadas, en la medida en que calificó a la huelga como una “extorsión”.

Taleb opinó entonces que “el cambio en la evaluación obedece en verdad a un viraje oficial en el tratamiento de la protesta, de carácter regresivo en tanto el gobierno ha optado por profundizar y optar con exclusividad por la respuesta punitiva, esto es, la represión del conflicto social por mor del sistema de justicia penal”.

Situándose en el ámbito de la dogmática penal, el abogado señaló desde el inicio del análisis sistemático – en la categoría de la tipicidad de la teoría del delito-, y como lo puso  de manifiesto el ex juez de la Corte Suprema de la Nación en un célebre artículo sobre el tema, que “la protesta social no institucional no siempre es delito” (Eugenio Raúl Zaffaroni, “El derecho penal y la criminalización de la protesta social”, publicado en la obra “¿Es legítima la criminalización de la protesta social?”,  compilada por Eduardo Bertoni, p. 7).

Criticó además la actitud de las autoridades de emprender un verdadero “rastrillaje” por el Código Penal para forzar la adecuación típica de las conductas molestas para el poder, destacando que alguna de ellas puede ser ilícita pero no por eso típica (es decir que carece de relevancia desde el punto de vista criminal, sin perjuicio de que constituya, por ejemplo, una falta o una contravención), por lo que recuerda lo que es obvio para cualquier estudiante de derecho: que “sólo una pequeña parte de las conductas antijurídicas está tipificada penalmente” (Ibíd., p. 7).

El abogado recordó que haciéndose eco de esta preocupación, Piqué/Soberano advirtieron sobre el amplio “catálogo de delitos que puede utilizarse para reprimir la protesta social” (María Luisa Piqué-Marina Soberano; “El derecho penal y la protesta social”, publicado en la obra “Teoría y crítica del derecho constitucional, Abeledo Perrot, T. II, p. 847), indicándose entre otros el art. 191, 194, 237, 238, 239, 241, 168, 226, 229, 233, 209, 210, 211, 213, 226 y 226 bis, donde criticaron la redacción de estos tipos penales por su excesiva ambigüedad, lo que conculcaría el principio de legalidad, con cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Castillo Petruzzi”).

Una mirada política
Taleb analizó el tema con una mirada política, y opinó que es claro que el kirchnerismo “ha definido como enemigos a quienes expresen la protesta social y pongan en cuestión sus banderas progresistas, sean los  manifestantes en contra de la minería quienes les recuerden la vergonzosa entrega de los recursos naturales y la explotación indiscriminada, privilegiada y contaminante; o los camioneros que reclamen por mejoras salariales en un marco de inflación e injusticia tributaria”.

“A estos enemigos los combate y procura acallar sus voces con el derecho penal. Los jueces deberían recurrir en cambio al conjunto de saberes que esta disciplina proporciona para contener el poder punitivo”, consideró el ahora juez.

Aquí y ahora
En el caso del conflicto docente, cabría decir que el gobierno entrerriano tiene con los trabajadores de la educación  un severo problema: muestra, sin disimulo, su pulsión punitiva de los críticos de su costado más sensible.
De la Redacción de AIM

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