El kirchnerismo busca blindarse para después de diciembre

Walter SchmidtPor: Walter Schmidt

“Venimos a construir una Justicia independiente en la Argentina… y está probado en la Corte Suprema que se está constituyendo en nuestro país”. (Néstor Kirchner- Encuentro de la Militancia, 11 de Marzo de 2004)

Si alguien intentara analizar los primeros seis meses del gobierno de Néstor Kirchner y los últimos seis meses de la administración de Cristina Fernández de Kirchner encontraría, al menos, una importante contradicción o en todo caso, una decepción por la manipulación de una institución clave: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Partiendo de la base de la inexistencia en los hechos de la división de poderes (el Ejecutivo usa al Legislativo como una escribanía y el Poder Judicial, cuando no es aliado del Ejecutivo, actúa en disputa con aquel, como una corporación) el gobierno de turno siempre ha querido tener una Corte “adicta”, mas allá de los modos y de las estrategias. Y el kirchnerismo, que pareció en un principio ser una excepción a la regla, termina siendo más de lo mismo.

En Junio de 2003, cercado por una Corte que había avalado lo peor de la década menemista, de espaldas a la Constitución Nacional y por ende a la ciudadanía, Kirchner hizo un llamado cuasi dramático al Poder Legislativo.

“Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias”, aseveró en esa oportunidad el entonces mandatario. El santacruceño, todavía un presidente desconocido para la gente que había llegado al poder con apenas el 23% de los votos, era presionado por el titular del Alto Tribunal, el menemista Julio Nazareno, que tenía en sus manos la viabilidad de multimillonarios juicios por el corralito del gobierno de De la Rúa. Amenazaba con una catástrofe para el débil gobierno K.

Así comenzaría un proceso mezcla de destituciones por parte del Congreso y de renuncias que alejaría de la Corte a los ministros peor catalogados, no por su capacidad, sino por su accionar en los 90: Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Guillermo López.

El de Kirchner parecía ser un gobierno que, en lo que respecta a la Corte, retomaba la línea de Raúl Alfonsin, que en 1983, con el retorno de la democracia y la renuncia de los cinco ministros del Máximo Tribunal que se habían desempeñado durante la dictadura militar, nombre a Genaro Carrió (especialista en Filosofía del Derecho y Derecho Público), José Severo Caballero (especialista en Derecho Penal), Augusto César Belluscio (especialista en Derecho de Familia), Carlos Fayt (especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Político) y Enrique Petrachi (especialista en Derecho Público y en Filosofía del Derecho).

Tras la mayoría menemista del tribunal que avaló, por ejemplo, las privatizaciones indiscriminadas de los 90, pareció que retornaba la senda de un tribunal independiente  y plural con Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti, que se sumaban a Petracchi, Fayt y Juan Carlos Maqueda.

“Dijimos que este país necesita justicia y los doctores que van a la Corte Suprema de la Nación Argentina son absolutamente independientes, apenas los conozco, hicimos una Justicia independiente y está en marcha”, exclamaba Kirchner a mediados del 2004, cuando la nueva Corte estaba funcionando en pleno y era elogiada por los distintos sectores y fuerzas de la vida política local.

De hecho, durante mucho tiempo y hasta hace unos años, la integración del Supremo Tribunal era considerado uno de los logros de la “Década ganada”. Hasta el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostenía en julio de 2004: ”Hoy me siento tranquilo de que las decisiones que va a ir tomando son de un tribunal de última instancia al máximo nivel”.

Mas aún, el santacruceño, a través del Decreto 222/03, fijó autolimitaciones a la atribución del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la publicidad de sus antecedentes, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a su candidatura y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.

Hasta la por entonces primera dama y senadora, Cristina Fernández de Kirchner, aportó al gobierno su proyecto, de inmediato convertido en ley, por el cual reducía de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990, cuando el ex presidente Carlos Menem amplió su integración y conformó lo que luego sería la “mayoría automática”.

Era una nueva etapa. Hasta que todo ocurrió de nuevo, al igual que durante el menemismo.

Con la muerte de Kirchner y el desgaste propio de dos mandatos, comenzaron a multiplicarse las denuncias y causas por corrupción que afectaron al gobierno nacional: empezando por la Presidenta, su vicepresidente Amado Boudou, Máximo Kirchner, Lázaro Baez, Ricardo Jaime, etc., etc.

Aquella Corte independiente pronto terminó siendo una molestia para la Casa Rosada. Lorenzetti se transformó en el enemigo número uno por encarnar la “resistencia” judicial a cuestiones emblemáticas para el kirchnerismo como la Ley de Medios o el plan de “Democratización de la Justicia”. Pero lo que mas aterra al kirchnerismo es la falta de blindaje para después del 10 de diciembre.

El tropiezo sufrido al intentar designar a un cortesano afín como Roberto Carlés luego se repitió cuando Lorenzetti se adelantó a la jugada del gobierno para ampliar con un simple proyecto legislativo el número de miembros de la Corte y luego llenar esas vacantes, aunque mas no sea de manera transitoria, con conjueces K. La decisión de la Corte, por impulso de Lorenzetti, de declarar inconstitucional que se utilicen a conjueces para desempeñarse temporariamente como miembro del Alto Tribunal, desbarató momentáneamente la movida de Cristina.

¿Qué sigue? La embestida contra Carlos Fayt. Es razonable pensar que un hombre de 97 años como Fayt bien podría jubilarse y dejarle el lugar a alguien con nuevos bríos. Pero no es razonable que el gobierno nada haya dicho de Fayt en los últimos 5 años y sin embargo se acuerde y ponga en duda su capacidad cuando faltan seis meses para marcharse.

En el kirchnerismo alberga la desmesurada confianza de que seguirá en el poder mas allá de diciembre o, en su defecto, que conservará en el Congreso el número de legisladores necesarios como para tener mucho que ver en la designación de los futuros miembros de la Corte. Sabe que cualquier juez o presidente opositor puede utilizar, tal como lo hizo la Alianza UCR-Frepaso con Menem, a Cristina Fernández como el origen de todos los males y actos corruptos de la Argentina después de diciembre. Fuente: Infobae

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