CONFLICTO. Empleados despedidos ayer en el despacho del intendente platense.
CONFLICTO. Empleados despedidos ayer en el despacho del intendente platense.

La revisión de los empleados públicos en todo el país llegó también a los municipios bonaerenses. Según la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, ya se despidieron 2.600 funcionarios en la provincia de Buenos Aires y la lista se seguirá engrosando. A ellos se suman los 4.500 contratos que se dieron de baja en el municipio de La Plata. Los gremios amenazan con medidas de fuerza. La gran misión será precisar quiénes trabajan y quiénes no y si tienen una función que justifique su empleo. El macrismo encaró una auditoría a nivel nacional que va a tener un costo político.

Andrés Ibarra, ministro de Modernización, anunció que se revisarán 75.000 designaciones del kirchnerismo en el Estado. Semejante cifra puso en alerta a gremios y trabajadores. Hoy, más calmo, el ministro aclaró que “no hay ningún objetivo de reducción de personal de la administración pública”. 

Al asumir las nuevas gestiones nacionales, provinciales y municipales, se encontraron con un plantel superpoblado, ya sea en planta permanente como contratados sin una función clara o en algunos casos, sin siquiera asistir al lugar de trabajo.

Hay cifras de todo tipo sobre los excesos y nombramientos políticos. El número de empleados públicos creció un 80% en los últimos 10 años, en 2015 se nombró un empleado público cada 20 minutos según FIEL o el festival de incorporaciones que hizo el kirchnerismo antes de dejar el poder.

La vicepresidenta Gabriela Michetti defendió su decisión de haber dado de baja 2.035 designaciones en el Senado y advirtió que “los ministros van a tomar medidas del mismo estilo”, para erradicar del Estado “estructuras políticas” compuestas por “militancia del kirchnerismo”.

Como las cuentas públicas no cierran, los gobernantes pusieron en marcha un antipático proceso de ajuste y revisión. En el municipio de Lanús, presidido ahora por Néstor Grindetti, el exministro de Economía porteño, echaron a 300 empleados públicos; el chef Martiniano Molina ahora intendente, hizo lo mismo con 1.000 funcionarios en Quilmes.

En La Plata el conflicto es aún mayor. La nueva administración del macrista Julio Garro, dio por concluidos el 31 de diciembre los contratos de 4.500 trabajadores de la planta temporaria del municipio, para rever “caso por caso”.

Pero el jefe comunal fue por más. El juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº4 de La Plata hizo lugar a un planteo de Garro para dejar sin efecto dos decretos del exintendente Pablo Bruera firmados en octubre y noviembre pasado, que pasaba a planta permanente unos 600 trabajadores contratados.

El secretario general del municipio, Javier Mor Roig, explicó que en la revisión del personal temporario realizada hasta el momento se encontró con “60 personas vienen a trabajar, pero están cobrando otras 550 que nunca vimos. Yo los llamo empleados de papel”, afirmó. Esta escena seguramente se repite en varias depedencias del país.

Los ajustes, como era de esperar, generaron manifestaciones y toma de edificios públicos que se replicarán en otras dependencias aumentando la conflictividad social de un gobierno que apenas lleva 20 días de gestión.

La gran pregunta es cuánta gente es necesaria para la administración pública en todos sus escalones, donde hoy trabajan 3,7 millones de personas. El empleo privado, que debería absorber a los despedidos, no aumenta desde 2011 y está a la espera de la normalización macroeconómica del país para volver a contratar. Fuente: TN